No es un secreto que la escuela -los
sistemas educativos- tiene dos funciones básicas: la académica, que
es su función específica y consiste en la transmisión del saber, y
la socializadora, compartida con otros agentes socializadores
-familia, grupo de edad, medios de comunicación, etc.- que consiste
en la transmisión de los valores, las normas, las costumbres, las
ideas, etc. propios de la sociedad en la que nos integramos.
La función académica es la dimensión
científica, la enseñanza de todas las ramas del saber, y debe estar
guiada por el mayor rigor y la mayor objetividad posibles, porque su
suelo teórico es la verdad -o lo que la comunidad científica acepta
como verdadero. Las reglas matemáticas, las reglas sintácticas,
las leyes de la física o los hechos históricos no son opinables ni
admiten controversia en los niveles inferiores de la escuela -aunque
sí deben ser objeto de crítica en los niveles superiores y
universitarios-, sino que se asumen como ciertos y como conocimientos
que el alumnado debe adquirir en progresión según su edad. Su
objetivo es el de formar personas cultas, capaces de entender y
transformar el mundo aplicando sus conocimientos.
La función socializadora es su
dimensión ideológica, esto es, la enseñanza del conjunto de ideas
específicas de una determinada sociedad en un tiempo histórico
determinado. Su fundamento teórico no es la verdad, sino la
integración social. Dar las gracias, comer con cuchara y tenedor,
respetar a los demás, no hacer trampas, etc. se asumen como valores
propios de nuestra sociedad y así se enseñan -se aprendan y se
practiquen o no, claro-. Su objetivo pues es, estrictamente hablando,
adoctrinar, formar personas socialmente adaptadas.
Decir que la educación adoctrina es
una tautología: toda educación es inevitablemente adoctrinamiento,
disciplinar, dar instrucciones. Cuando se denuncia adoctrinamiento lo
que se denuncia es el uso torticero de la enseñanza, esto es, cuando
se utiliza la enseñanza como instrumento moral, religioso o político
al margen del rigor académico y de la integración social.
"La Segunda República española
estuvo vigente entre 1931 y 1936" (entre su proclamación y el
inicio de la guerra civil); "La Segunda República española
estuvo vigente entre 1931 y 1939" (entre su proclamación y el
final de la guerra civil); "La Segunda República española
estuvo vigente entre 1931 y 1977" (entre su proclamación y la
renuncia del último presidente en el exilio); "La gloriosa
Segunda República española estuvo vigente..."; "La
nefasta Segunda República española estuvo vigente...". Estas
cinco proposiciones hablan exactamente de lo mismo, pero ¿dicen lo
mismo? Evidentemente no. El único criterio para determinar cuál de
ellas es la académicamente correcta es el rigor histórico.
Cualquier otro criterio roza -o se mete de lleno- en el
adoctrinamiento.
Puedo enseñar que "la suma de
los cuadrados de los catetos es igual al cubo de la hipotenusa",
que es una proposición matemáticamente falsa. Quizá lo haya
enseñado así por mi propia falta de conocimientos -por mi
ignorancia-, o simplemente por despiste -por error-. Pero imaginemos
que, por los motivos que sean, lo enseño así con la intención
premeditada y oculta de que lo así aprendan y acepten como verdadero
lo que es falso.
Y otro tanto puede ocurrir en la
transmisión de los valores sociales. No es lo mismo decir "la
familia está compuesta por el padre, la madre y los hijos" que
decir "la familia tradicional está compuesta por el padre, la
madre y los hijos si los hay" o que "la familia actualmente
está compuesta por dos cónyuges y sus hijos, o por una persona y
sus hijos".
Falsear la verdad -y solo hay falsedad
si hay ánimo premeditado de engañar- o maquillarla hasta ocultarla
y hacerla coincidir con las propias ideas entra de lleno en ese
adoctrinamiento torticero que se denuncia.
En su Respuesta
a la pregunta ¿qué es la ilustración?
(1784) distinguía Kant entre el uso público y el uso privado de la
razón. El primero es el del intelectual que expone sus ideas al gran
público y debe ser absolutamente libre; el segundo es el uso de
quien ejerce un cargo institucional o público, que debe estar
limitado por las leyes de la institución a la que sirve. Uso público
de la razón es el del profesor que, fuera del aula -en el espacio
público (libros, prensa, conferencias, debates, etc.)- expone sus
propias tesis y defiende sus opiniones. Uso privado es el que hace
ese mismo profesor en el aula cuando deja al margen sus creencias, su
ideología, sus opiniones personales o de grupo -moral, religioso,
político o social-.
Si es así, solo hay realmente
adoctrinamiento cuando el profesorado -o el diseño del sistema
educativo- expone en el ámbito privado de la escuela lo que solo
debería formar parte del ámbito público.
* Publicado en el nº 237 del Boletín del CDL Madrid, págs. 8-9, de diciembre de 2017.
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