jueves, 27 de julio de 2017

NEGOCIAR UNA CONSULTA LEGAL *


Por escandalosos que sean los reiterados casos de corrupción en los que está envuelto el PP, parece que no son suficientes para que sus votantes retiren su confianza y busquen otras alternativas. Pero si no la corrupción, sí hay algo que su electorado no perdonaría ni al partido ni a Rajoy: la secesión de Cataluña, o sea, la quiebra de la unidad de España. En el conflicto catalán Rajoy y el PP se juegan el gobierno, y el Estado su identidad y su estabilidad.

Alguien en Moncloa malentendió y minusvaloró el reto secesionista, presumiendo que, como en tantas ocasiones, no era más que una estrategia del catalanismo para sacar tajada -mejor financiación, mejor fiscalidad, mayores inversiones, más competencias, etc. Y quizá fuera cierto en origen, pero las torpezas del PP y del Gobierno -y el enorme poder de la CUP por la necesidad que tiene Junts pel Sí para mantener una mayoría parlamentaria independentista- han envalentonado a quienes defienden la secesión en el Govern, en el Parlament y en parte de la sociedad civil catalana.

Los explícitos anuncios de desobediencia a las posibles sentencias de los tribunales -especialmente del TC-; los nombramientos en puestos clave de la administración catalana de independentistas radicalmente comprometidos con el procés; y la decisión de regirse solo por las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament, inevitablemente provocará la confrontación con un Estado consciente de que, a estas alturas, ni el uso de la fuerza ni la permisividad solucionarán el conflicto.

Una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, aprobada por una mayoría significativa, instando al Govern a desconvocar el referéndum ilegal y negociar una consulta legal podría evitar el disparate de octubre.

Si como consecuencia de un 1-O, con urnas o sin ellas, el conflicto se sigue agravando y Cataluña consigue independizarse -aunque fuese solo por unos días- sería no solo el fin del gobierno del PP sino el inicio de una gravísima crisis política en el Estado.

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