A las 00.00 horas del día 21 de
junio dejó de estar en vigor el último estado de alarma decretado por el
gobierno y validado por el Congreso de los Diputados —y Diputadas— volviendo
pues a la legalidad ordinaria.
Es canónica la descripción del
Estado que Max Weber propuso en La Política como Vocación (1919): Estado
es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el
territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio
de la violencia física legítima. E igualmente canónica es la descripción
del Poder Soberano que Carl Shmitt expuso en su Teología Política
(1922): el que decide sobre el estado de excepción.
En la tradición democrática, como
recuerda Giorgio Agamben en su Estado de excepción (2004), el estado de
excepción, en cualquiera de sus grados —en nuestra Constitución, los estados de
alarma, excepción y sitio— suspende temporalmente total o parcialmente el
ordenamiento jurídico y a él se recurre en situaciones de necesidad cediendo al
gobierno poderes especiales.
Si hay algún momento en el que el
Estado muestra su ser propio más nítidamente es precisamente cuando en una
situación excepcional grave decide dejar en suspenso excepcionalmente y por
tiempos limitados derechos fundamentales de los ciudadanos incluso aplicando la
fuerza.
Que la pandemia actual es una
situación de necesidad excepcional que requiere decisiones excepcionales,
apenas es discutible. Como apenas es discutible que se haya recurrido al apartado
b del artículo cuarto del capítulo II de la Ley Orgánica 4/1981 de 4 de junio
que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que específicamente cita crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Las decisiones excepcionales tomadas las
sabemos todos: mando único centralizado, movilización de recursos sanitarios y
económicos, confinamiento de la población, distanciamiento social, paralización
del comercio y de parte de la industria, cierre de fronteras, etc. Y decisiones
económicas igualmente excepcionales: ERTE masivos, movilización de recursos soberanos,
avales bancarios oficiales, endeudamiento, etc.
Nuestro Estado está constituido
como autonómico, con un altísimo nivel de autogobierno de las Comunidades que,
sin embargo, no contenta a algunas de ellas hasta el punto de reivindicar su
independencia. Los poderes especiales del gobierno, especialmente, el mando
único, ha generado suspicacias y tensiones entre el gobierno de España y los
autonómicos que, desde el minuto uno, han tenido prisa por recuperar sus competencias.
Más aún los partidos nacionalistas que se saben necesarios para la estabilidad
del gobierno e incluso para validar los decreto-ley de los sucesivos estados de
alarma.
Si el ideal del liberalismo clásico
era el laissez fair, —la no intervención del Estado en los asuntos
económicos— y el funcionamiento ideal de la mano invisible del mercado
que metaforizó Adam Smith, el neoliberalismo ha ido más allá —sobre todo sus defensores
más radicales, libertarianos y anarcocapitalistas— al defender como único
Estado moralmente justificable el Estado Mínimo, el minarquismo, que Rober
Nozick en su Anarquía, Estado y utopía (1974) describe así: un Estado mínimo, limitado a las funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude, la violación de contratos y otros parecidos, es justificable; cualquier otro Estado más grande violaría el derecho de las personas a no ser forzadas a hacer ciertas cosas y es injustificable.
Pese a todas las intervenciones
para desregular, externalizar y/o privatizar servicios públicos y de recortar
prestaciones sociales y plantillas de estos servicios; pese a todas las
precariedades provocadas por ese neoliberalismo dominante, y pese a todo el
ruido político/mediático de la derecha extrema y de la extremada,
afortunadamente el Estado ha mantenido pulso suficiente para enfrentarse a la
situación.
Probablemente, los datos actuales de
la pandemia, las prisas por reactivar la economía —con la imprescindible ayuda
de la UE— en todos sus niveles, las prisas por recuperar sus autogobiernos las
Comunidades, la debilidad de un gobierno minoritario que necesita apoyos
parlamentarios ajenos y la necesidad de terminar con la contaminación de ruido
antipolítico —acusando permanentemente al gobierno de abuso de poder, de
ineficacia, de mentir, etc.—, han llevado al gobierno a dar por terminados los
estados de alarma. Pero la pandemia no se ha terminado.
* Publicado en Crónica Popular. 28.06.2020
https://www.cronicapopular.es/2020/06/pero-la-pandemia-no-ha-terminado/
** Publicado en infoLibre. Librepensadores. 29.06.2020
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2020/06/29/la_pandemia_no_terminado_108207_1043.html
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https://www.cronicapopular.es/2020/06/pero-la-pandemia-no-ha-terminado/
** Publicado en infoLibre. Librepensadores. 29.06.2020
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2020/06/29/la_pandemia_no_terminado_108207_1043.html
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