DE LA CORONA ( III )

¿Todos los Jefes de Estado tienen cuentas en Suiza? ¿Las tienen los presidentes de Gobierno? ¿Es normal -está asumido y justificado- que quienes mandan tengan fuera de su país un dineral con el que vivir en caso de que las cosas vayan mal?

Si soy sincero, nunca me extrañó que cuando un dictador huía de su país se le viera viviendo con todo confort en el país de su exilio, ni cuando, depuesto un dictador, aparecía su patrimonio millonario en cuentas secretas en Suiza y/o en cualquier otro paraíso bancario. Siempre pensé que esa gentuza, previendo su posible salida del poder, se cubría el riñón y el de toda su estirpe.

Y ahora El Mundo nos informa (sí, ya sé que es casi una contradicción decir que ese periódico -o lo que sea- informa) de que el ciudadano Borbón y Borbón, Jefe del Estado español con el título de Rey, heredó de su padre 375 millones de pesetas (unos dos millones y cuarto de euros) de los más de mil millones de pesetas que guardaba en Suiza (el resto fue para sus hijas, las hermanas del Rey). ¿Que pasó con ese dinero? Pues no lo sé (ni sé si se sabe) ¿Está en España o sigue en Suiza? Ni idea, porque el patrimonio del Rey es oculto supongo que por la misma razón que su persona constitucionalmente es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El The New York Times en octubre pasado hablaba de una fortuna personal en torno a 1800 millones de euros (casi trescientos mil millones de pesetas).

El escándalo de su yerno (y a ver qué pasa con su hija), aquella caída en la cacería que dio a conocer a la tal Corinna, las reformas suntuosas en El Pardo para que viviera la princesa... y ahora los dineros en Suiza (como el ex tesorero innombrable por el invisible Rajoy) si acaso los tiene. No me extraña se que se le rompa la salud a cada paso. La Casa del Rey, el Rey mismo o quien demonios sea deberían aclarar este asunto y dar alguna explicación. Y de paso aclarar si el ciudadano Borbón y Grecia, el heredero, tiene dinero en Suiza.

COINCIDIR EN EL SÍ

Cuando ya es evidente para todos que las instituciones, la economía, el trabajo, los derechos, las prestaciones sociales, etc. están en plena descomposición, es inevitable la reacción de los ciudadanos: el malestar, la indignación, la protesta, las acciones directas. Cuando todos vamos sufriendo las consecuencias perversas de un sistema económico voraz y unas políticas pensadas para proteger al sistema y no a los ciudadanos, no es es difícil solidarizarse unos con otros. De ahí todos esos movimientos sociales espontáneos que han surgido y van surgiendo: el 15M, el 25S, las mareas de todos los colores, las plataformas de firmas, la PAH, etc.

El sistema, el fundamentalismo neoliberal, sin embargo y pese a toda esa oposición -pese a todo ese daño que causa- apenas se resiente y sigue con sus políticas de recortes de derechos, de libertades, de prestaciones, de sueldos, etc. Cierto que los gobiernos -los Estados que gobiernan esos gobiernos- tienen bajo su mando las fuerzas que pueden intimidar a los ciudadanos y reprimir las protestas, hasta incluso llegar al estado de excepción (esas son las notas características del Estado: el monopolio del uso de la fuerza y de la excepción). Lo primero lo vemos todos los días con la buro-represión; lo segundo, lo acabamos de ver en el corralito en Chipre, por ejemplo.

La debilidad de los movimientos sociales, creo, está en que el descrédito generalizado de la política y de los políticos, tácitamente les impide organizarse con la eficacia y la fuerza que serían necesarias para oponerse al sistema y sus políticas. En el no (en el rechazo a lo que nos daña), es fácil coincidir; lo difícil es coincidir en el sí (en las propuestas comunes para enfrentarse a ese daño). Y más aún cuando todo lo que huela a organización política (asociación, partido, coalición, etc.) es rechazado sin contemplaciones porque resulta sospechoso.

Cierto que tales movimientos siguen organizándose con una ejemplaridad democrática envidiable, pero igual de cierto es que los resultados de sus acciones son muy modestos. Y muy cierto que el sistema está sabiendo aprovecharse de esa debilidad: la conciencia del daño que tienen estos movimientos no está generando aún (si acaso alguna vez lo haga) la conciencia de clase necesaria.

ESCRACHES

No separar ni distinguir la vida profesional de la vida privada, confundirlas como si fueran la misma cosa, no solo es un error de concepto, sino un problema serio para la convivencia. Entender que criticar un trabajo -o  una idea, o un plan, o lo que sea- es criticar a su autor es malentender, como malentender es entender que desprestigiar a una persona es lo mismo que desprestigiar sus ideas, obras, etc. Profesionalmente puedo discrepar radicalmente de alguien y, a la vez, puedo ser amigo de ese alguien sin mayor problema, porque no discrepo de él, sino de su trabajo (que no es él).

El llamado escrache es el acoso -el acompañamiento allá adonde vaya- a los políticos de quienes se discrepa o que no hacen lo que los manifestantes creen que debería hacer. Se trata de hacer pública la discrepancia permanentemente, con pitidos, abucheos, pancartas, coros de consignas, etc; que el político de turno sepa antes de ir a un acto que se va a encontrar con ese reproche.

Si los escraches se hacen en actos públicos, en situaciones en las que el político ejerce de político no tengo nada que decir, salvo dar mi apoyo a quienes están sufriendo la maldad y la injusticia del sistema y deciden defenderse escrachando. Si incluyen la vida privada y personal del político (su familia, su casa, etc.) no puedo estar de acuerdo. 

En una sociedad democráticamente sana no caben los llamados escraches, porque no son necesarios. Lo mismo que en una sociedad democráticamente sana no puede caber la corrupción de los políticos, porque se reprime y expurga inmediatamente. El problema, claro, es que no estamos en una sociedad democráticamente sana. Al contrario, está tan democráticamente enferma que el ministerio del Interior ha mandado una instrucción a las comisarías instando a los policías a identificar (y detener en su caso) a quienes participen en actos de escrache, o sea, a quienes no están cometiendo ni delito ni falta alguna. El piadoso Fernández cree que su ministerio no está para proteger a los ciudadanos, sino para intimidarles y meterles miedo (y porrazos).