
El llamado escrache es el acoso -el acompañamiento allá adonde vaya- a los políticos de quienes se discrepa o que no hacen lo que los manifestantes creen que debería hacer. Se trata de hacer pública la discrepancia permanentemente, con pitidos, abucheos, pancartas, coros de consignas, etc; que el político de turno sepa antes de ir a un acto que se va a encontrar con ese reproche.
Si los escraches se hacen en actos públicos, en situaciones en las que el político ejerce de político no tengo nada que decir, salvo dar mi apoyo a quienes están sufriendo la maldad y la injusticia del sistema y deciden defenderse escrachando. Si incluyen la vida privada y personal del político (su familia, su casa, etc.) no puedo estar de acuerdo.
En una sociedad democráticamente sana no caben los llamados escraches, porque no son necesarios. Lo mismo que en una sociedad democráticamente sana no puede caber la corrupción de los políticos, porque se reprime y expurga inmediatamente. El problema, claro, es que no estamos en una sociedad democráticamente sana. Al contrario, está tan democráticamente enferma que el ministerio del Interior ha mandado una instrucción a las comisarías instando a los policías a identificar (y detener en su caso) a quienes participen en actos de escrache, o sea, a quienes no están cometiendo ni delito ni falta alguna. El piadoso Fernández cree que su ministerio no está para proteger a los ciudadanos, sino para intimidarles y meterles miedo (y porrazos).
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