En los Estados de Derecho no mandan las personas, sino las leyes que han sido legítimamente aprobadas y promulgadas, esto es, que legítimamente emanan de la máxima autoridad -la soberanía- que son los ciudadanos -el pueblo soberano-. Por eso se dice que es el imperio de la ley, porque nadie puede estar por encima ni al margen de ellas salvo que esté autorizado por las propias leyes. Un ejemplo claro de esto es la inviolabilidad de la persona del Rey en nuestra Constitución, que es un privilegio que la ley le otorga únicamente él y no al resto de los ciudadanos. Pero ese privilegio -esa excepción legal- no le permite cambiar las leyes en vigor, ni hacerlo extensivo a otras personas porque eso no está contemplado en las leyes vigentes. Las leyes dicen lo que dicen y no otra cosa, y son las leyes en vigor las que mandan mientras los ciudadanos -o sus representantes legales- no hagan otras distintas.
El problema surge cuando los representantes de los ciudadanos en el Parlamento y en el Gobierno, que son quienes realmente hacen las leyes, están bajo sospecha y utilizan su poder para dejar impunes sus presuntas ilegalidades. Como podría ser, por ejemplo, el caso de la Italia de un Berlusconi, Primer Ministro, forzando cambios legislativos que en la práctica le protegían legal y penalmente.
Cuando eso pasa, el último reducto de legitimidad está en los jueces y fiscales independientes, honrados y valientes que, a riesgo de poner en peligro su prestigio y/o su carrera -si no algo más grave, como su propia vida o la de los suyos-, persigan el delito aunque sean los más poderosos quienes los hayan cometido. Esos jueces independientes, valientes y honrados -que seguro que los hay, y no pocos- merecerían y deberían contar con todo el apoyo de la ciudadanía y de los políticos honrados que verdaderamente quieran acabar con toda la corrupción, incluida la de sus propios compañeros de partido. Necesitamos con urgencia esos jueces y fiscales valientes.
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