Buena noticia para los ciudadanos y mala para los bancos que abusaron en los contratos de las hipotecas: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, acaba de sentenciar que la ley hipotecaria española es abusiva y contraria a la Directiva 93/13/CEE, y, en ese sentido, ilegal. Bien.
Da coraje que haya tenido que ser un tribunal internacional quien lo diga, cuando cualquier persona sensata sabía desde siempre que esas cláusulas abusivas están en prácticamente todas las hipotecas; que daba igual el banco o la Caja a la que acudieras porque las condiciones abusivas eran similares. Lo sabíamos los ciudadanos y lo sabían los banqueros, como lo sabían los políticos y los jueces (que desde ahora por fin tendrán una herramienta jurídica para paralizar desahucios), pero parece que tenemos que esperar a que nos lo digan desde fuera y que no bastaba con el casi millón y medio de firmas recogidas por la PAH, ni con las palabras valientes de Colau en el Congreso.
Y da coraje que la sentencia no hable para nada de justicia social, ni siquiera de protección de los derechos ciudadanos, sino que habla de protección de los consumidores. En eso hemos quedado, en consumidores, en compradores necesarios para el funcionamiento del sistema y, en ese sentido, objetos de protección (objetos, sí, no sujetos). Es verdad que sea como sea como nos entienda la Unión la sentencia favorece los intereses y los derechos de los ciudadanos, pero da vértigo pensar cómo se entiende la ciudadanía en nuestro tiempo y en nuestro espacio políticos.
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