En el vídeo de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) de hoy en LaVanguardia.com de Xavier Sala-i-Martin, economista liberal, se habla de una posible subida del IVA al 23% y de sus consecuencias desastrosas sobre todo para los ciudadanos y para las pequeñas empresas. Cree Sala que al gobierno, diga lo que diga el ministro, no le quedará más remedio que hacer tal subida porque se lo impondrá Europa (o sea, Alemania), aunque no sabe si será este mismo año o el que viene.
Puede que así sea, por supuesto, pero no lo tengo tan claro (aunque ni soy economista, ni soy neoliberal). Y no lo veo porque al menos por un tiempo el gobierno no estará en condiciones de seguir haciendo daño a los ciudadanos con subidas masivas de impuestos, con bajadas de sueldos o con recortes sociales. No porque no quisiera, ni porque se vaya a encontrar con una oposición seria del PSOE que se lo impida -que a la vista está que no-, sino porque no está en condiciones, insisto: si no son absolutamente imbéciles -y seguro que no lo son- a estas alturas deben tener plena conciencia de que el aguante de la gente está al límite al ver cómo mientras se nos recorta todo (derechos, sueldos, prestaciones) a los ciudadanos mondos y lirondos, otros roban o han robado todo lo que han querido, o reciben dietas hipermillonarias por hacer nada, o simplemente son corruptos sobornados o sobornadores; de que mientras los ciudadanos pagan más allá de lo que pueden, esos otros ya maniobran para que sus fechorías queden impunes. Y esas son sensaciones generalizadas (sean ciertas o no, que para el caso es irrelevante).
Claro que el gobierno fundamentalista del invisible Rajoy seguirá tomando medidas en la misma dirección neoliberal y neoconservadora, pero lo hará con más cuidado, de puntillas, midiendo a quiénes y a cuántos para no sobresaltar. Lo hemos visto hoy mismo tras el consejo de ministros: la vicepresidentita y la piadosa Báñez, sobrevolando, han explicado recortes -para los parados mayores de 55 años que acaben las prestaciones- y endurecimientos -para quienes quieran jubilarse anticipadamente, que deberán tener cotizados 35 años-. Medidas, como se ve, que afectan mucho, pero a pocos, o que afectan a quienes pueden ser presentados como privilegiados -o como vagos-. Creo que ese será el tono del gobierno durante al menos el tiempo en que estén bajo sospecha e investigados el Partido Popular que lo sostiene (por mucha mayoría soberbia que tenga en las Cámaras) y el Presidente que lo preside.
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