Imaginemos
un pacto de investidura, de legislatura de dos años y de gobierno
entre PSOE, Podemos y Ciudadanos fundamentado en una hoja de ruta que
incluyera los dos asuntos prioritarios: la agenda social (pobreza,
desempleo, precariedad laboral, sanidad, educación, etc.) y la
regeneración democrática (medidas anticorrupción, ley electoral y,
sobre todo, nueva Constitución -o transformación profunda de la
actual- en 2018-2019).
Tal
pacto contaría con 199 Diputados (90+69+40) y, por tanto, con una
mayoría más que suficiente para legislar y gobernar, aunque no para
reformar la Constitución, que necesitaría al menos el apoyo de 233
diputados (dos tercios de la Cámara), de manera que inevitablemente
se debería contar con el PP (que además tiene mayoría absoluta en
en Senado).
La
Constitución del 78 se construyó consensuando (negociando, no
imponiendo mayorías) los cuatro problemas históricos de España: la
forma de Estado, la organización territorial, el sistema económico
y la cuestión religiosa. Fue así como se llegó a la Monarquía
Parlamentaria (que asume los valores del republicanismo, excepto en
la Jefatura del Estado), al Estado Autonómico (ni
unitario/centralista ni federal, asentado sobre tres
administraciones: la general del Estado, la de cada una de las 17
Comunidades Autónomas, y las administraciones locales), a la
economía social de mercado (ni planificación estatal ni liberalismo
desregulado -puesta en entredicho tras la reforma exprés del 135 en
2011-), y a la aconfesionalidad del Estado (ni estrictamente laico ni
confesional).
Casi cuarenta años después, parece que hemos llegado a un callejón
sin salida, a una crisis económica, política, social e identitaria
que debería provocar en todos la catarsis necesaria.
Siempre
y cuando los actores fueran capaces de proponer, discrepar, debatir y
al final consensuar una solución conjunta, la endiablada composición
actual de las Cortes Generales (con un Congreso de los Diputados muy
fragmentado, sin mayoría suficiente de ningún partido, y un Senado
con una mayoría absoluta del partido que pudiera no gobernar) podría
ser el mejor escenario para reformar la Constitución, o hacer una
nueva, precisamente porque nadie tiene por sí mismo fuerza
suficiente para imponer su criterio.
Es
cierto que la del 78 se hizo en condiciones muy especiales, saliendo
de la dictadura, con permanente ruido de sables, con la sensación de
estar en libertad
vigilada,
pero entender que hoy estamos en condiciones más difíciles para
negociar es aceptar que aquel miedo fue una ventaja. Y no lo fue.
Hoy
los retos son otros y otros son los que hacen ruido (no de sables,
sino financieros y mediáticos), pero sí da la sensación de estar
en el fin de un régimen político. Repensar entre todos aquellos
cuatro consensos y fijar lo que queremos hoy para todos pudiera ser
la mejor catarsis (que pudiera servir, además, para encauzar el
disparate secesionista) para empezar a construir una nueva etapa
política.
* Publicado en elplural.com Opinión. Tribuna Libre. 29.01.2016
