Mientras
el gobierno en funciones lleva ochenta y dos días dedicado a los
trámites de rutina y se escuda en su situación interina para eludir
el control del Congreso (de los Diputados); mientras el Congreso (de
los Diputados) está casi inoperante porque el gobierno en funciones
no quiere someterse a las sesiones de control y las iniciativas
legislativas que puedan presentar corren el riesgo de quedar en el
limbo si se disuelven las Cortes el día 3 de mayo; mientras los
partidos con posibilidad de formar gobierno o de posibilitar su
formación siguen empeñados en impedir que por fin pueda haber un
nuevo gobierno; mientras todo eso pasa la CEOE, la patronal, se
permite el descaro
de sugerir a los jueces que reduzcan el número de sentencias
favorables a los trabajadores.
Desde
1980 se vienen sucediendo Leyes, Reales Decretos, Decretos-ley,
Acuerdos y Pactos para regular y reformar las relaciones laborales
(eso que ya a nadie escandaliza que se llame mercado
laboral).
Estas reformas las han promovido y firmado todos los presidentes de
la democracia (Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Rodríguez
Zapatero y Rajoy) y todas tienen un rasgo común: con la excusa de
fomentar el empleo han ido imponiendo a los trabajadores moderación
salarial y rebajas en las prestaciones.
Así
que llevamos 35 años intentando fomentar el empleo precarizándolo:
moderación salarial, contratos temporales, movilidad funcional y
geográfica, abaratamiento por despido, legalización de las ETT,
pérdida sustancial
de
derechos sindicales, etc. Al menos desde 1997 se habla explícitamente
en las reformas de combatir
la precariedad laboral
(que se reconoce como un hecho) pero el resultado siempre ha sido el
mismo: más
precariedad.
Durante
esos mismos años, CEOE y CEPYME han ido consiguiendo rebajas en las
cotizaciones sociales, incentivos para contratar trabajadores,
despidos más baratos, aumento de las causas objetivas
para despidos masivos, control casi nulo de los sindicatos, salarios
más bajos, etc.
El
saldo a día de hoy es que la mano de obra, los trabajadores, tienen
cada vez menos (salarios, derechos, prestaciones) y el capital quiere
cada vez más.
En
el mes de febrero pasado, la cifra oficial de desempleados
registrados fue de 4.152.986 (sí, cuatro millones ciento cincuenta y
dos mil novecientos ochenta y seis), casi la mitad de ellos sin
ningún tipo de prestación ni cobertura.
El
gobierno en funciones, que puede seguir en funciones hasta octubre si
hay nuevas elecciones, presume de creación de empleo, pero las
cifras cantan tanto
como canta
la
mala calidad del empleo que se crea.
Y
los
partidos con capacidad de hacer posible un nuevo gobierno, sin
embargo, parece que están a otras cosas que, visto lo visto, para
ellos son prioritarias.
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