QUIZÁ LA SOLUCIÓN PASE POR ALARGAR EL TIEMPO

Verdadero o falso, todos los partidos coinciden en decir que la convocatoria de nuevas elecciones generales sería un fracaso, y todos insisten en su voluntad de negociar hasta el último minuto para llegar a un acuerdo de investidura que permita formar gobierno. Pero, al mismo tiempo, ese pretendido ánimo negociador se ve desmentido por sus mensajes cruzados, que huelen más a estrategia de campaña electoral que a voluntad de acuerdo.

Lo cierto es que no quedan más que cincuenta días y tal y como están las posiciones actuales de los cuatro partidos con mayor presencia en el Congreso (de los Diputados) esos cincuenta días no parecen suficientes para negociar ni siquiera un acuerdo de mínimos que satisfaga a una mayoría suficiente que haga posible la investidura. Y lo cierto es que el plazo legal es inexorable: si no hay investidura antes del día dos de mayo, automáticamente se disolverán las Cortes.

No menos cierto es que mientras esté en funciones un gobierno siempre está en precario, dejando correr la inercia de las rutinas, y el Parlamento tiene serias dificultades para estar plenamente operativo. Que se disuelvan las Cortes el tres de mayo no significaría el fracaso del que hablan los partidos, sino tener gobierno y parlamento a medio gas durante los diez meses que van desde las elecciones del 20D hasta tener un nuevo gobierno (si acaso se consiguiera investir a alguien tras las nuevas elecciones).

Y sin duda es cierto que es urgente atender a quienes están sufriendo la pobreza, el paro, la precariedad laboral y los recortes sociales; que es imprescindible taponar todos los agujeros del sistema que han hecho posible la corrupción y el robo masivo de bienes públicos; que los problemas (como ya dije) no están en funciones, sino en pleno vigor.

 

La urgencia de los problemas, la merma de gobierno y parlamento, la falta de tiempo para alcanzar acuerdos de gobierno viables entre distintos partidos, parece que nos llevan a un callejón sin salida.

Quizá la solución pase por alargar el tiempo, por posponer las lecciones del 26 de junio hasta 2018 acordando un legislatura breve, de dos años, que se asiente sobre cuatro patas: atención a las urgencias sociales, política económica y fiscal ajustada a las necesidades sociales, regeneración democrática y preparación de una nueva Constitución (que unas Cortes Constituyentes elaborarían entre 2018 y 2022) que se replantease los cuatro problemas históricos de España: la forma de Estado, la organización territorial, el sistema económico-social y las relaciones del Estado con las instituciones espirituales.

No parece posible que el PP aceptase participar en tal acuerdo (que efectivamente desmontaría mucho de lo hecho bajo su gobierno), pero no hay razón para que PSOE, Podemos, Ciudadanos y cuantos partidos quisieran se sumaran a él.

Lo que a primera vista pueden parecer obstáculos insalvables (que ninguno de los tres partidos tenga por sí mismo fuerza suficiente para imponer sus tesis; que las propuestas programáticas de los partidos sean incompatibles entre sí; que sea imprescindible la participación del PP para tocar la Constitución, etc.) pueden ser el mejor escenario para discutir, diseñar y aprobar una nueva Constitución que se ajuste a las necesidades de nuestro tiempo.

La Constitución del 78 objetivamente se hizo en condiciones mucho peores que las actuales (permanente ruido de sables; resistencias de estructuras político-económicas de la dictadura; miedo, mucho miedo a un nuevo enfrentamiento civil, etc.). Si aquella generación fue capaz de hacerse cargo de las necesidades y aspiraciones de su tiempo, nada debería impedir a esta nueva generación de políticos hacer su trabajo asumiendo el papel que les ha tocado interpretar en este tiempo, que ya es el suyo.