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| La sesión de ayer. Al fondo las dos banderas. |
El Parlament ha desobedecido consciente y premeditadamente al Tribunal Constitucional, actuando de facto como si ya fuese soberano; haciendo ver que ya es soberano y que toma sus propias decisiones sin contar con nadie más. Porque eso es la soberanía: la autoridad que no reconoce ninguna autoridad por encima de ella misma, esto es, la que tiene la última palabra. Y así exactamente es como se están viviendo los 72 diputados de Junts pel Sí y de la CUP a través de su mayoría absoluta.
Al tomar esa decisión, sin duda saben que el Gobierno de España, como poder ejecutivo legítimo del Estado, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y, en consecuencia, no puede sino impedir (o intentar impedir) legal y legítimamente que Cataluña, o cualquier otro territorio del Estado, se declare unilateralmente independiente y soberana. Y saben que el Estado, todo Estado, se define como la institución que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza (la fuerza de la ley y la fuerza física) y de la excepción (de suspender o de limitar derechos constitucionales).
Quiero pensar que ni el Gobierno, el Parlamento y los ciudadanos en general, ni los partidos, las asociaciones y los ciudadanos soberanistas catalanes quieran llegar al último recurso de la fuerza física, pero ni las provocaciones y los desplantes de unos ni el inmovilismo y el negacionismo de otros ayudan a resolver un conflicto que por ahora es político pero que puede degenerar en algo infinitamente más grave. Bastarían dos estúpidos locos en Madrid y Barcelona que estuvieran dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y arrastraran a cuantos locos les quisieran seguir. Que no queramos ni pensarlo no significa que no pueda ocurrir.
Cada día que pasa es un poco más urgente resolver los dos grandes problemas políticos que tenemos: la investidura para formar gobierno, y que las partes resuelvan civilizadamente el conflicto soberanista.
Al tomar esa decisión, sin duda saben que el Gobierno de España, como poder ejecutivo legítimo del Estado, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y, en consecuencia, no puede sino impedir (o intentar impedir) legal y legítimamente que Cataluña, o cualquier otro territorio del Estado, se declare unilateralmente independiente y soberana. Y saben que el Estado, todo Estado, se define como la institución que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza (la fuerza de la ley y la fuerza física) y de la excepción (de suspender o de limitar derechos constitucionales).
Quiero pensar que ni el Gobierno, el Parlamento y los ciudadanos en general, ni los partidos, las asociaciones y los ciudadanos soberanistas catalanes quieran llegar al último recurso de la fuerza física, pero ni las provocaciones y los desplantes de unos ni el inmovilismo y el negacionismo de otros ayudan a resolver un conflicto que por ahora es político pero que puede degenerar en algo infinitamente más grave. Bastarían dos estúpidos locos en Madrid y Barcelona que estuvieran dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y arrastraran a cuantos locos les quisieran seguir. Que no queramos ni pensarlo no significa que no pueda ocurrir.
Cada día que pasa es un poco más urgente resolver los dos grandes problemas políticos que tenemos: la investidura para formar gobierno, y que las partes resuelvan civilizadamente el conflicto soberanista.
* Publicado en elperiodico.com. Entre Todos. (con alguna modificación y bajo el título Premeditadadesobediencia del Parlament al TC.) 28.07.2016.
http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/premeditada-desobediencia-del-parlament-80399
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