DERECHOS CUESTIONADOS *

En un Estado democrático los derechos no llueven del cielo, ni son otorgados por la gracia del poder, sino que son el resultado explícito del mutuo reconocimiento entre los ciudadanos que se expresa en la ley. Un derecho es eso que cualquiera puede reclamar porque se le reconoce como propio. Pero no todos los derechos son iguales. De entre todos ellos, algunos son tan prioritarios que se entienden como fundamentales y como necesitados de especial protección del Estado para prevenir que, en algún momento, puedan ser suprimidos o limitados.

Y eso es lo que hace nuestra Constitución con el contenido del artículo 14 y todos los artículos de la Sección primera del Capítulo II del Título I: especificar tales derechos fundamentales (a la vida, a la libertad ideológica, a la seguridad, a la intimidad, a la libre circulación, a la libre expresión, de reunión pacífica, de asociación, a la libre participación en los asuntos públicos, a la tutela de los jueces y a la presunción de inocencia, a la educación, a la libre sindicación y a la huelga, y el derecho de petición individual o colectiva). Todos estos derechos la Constitución los declara fundamentales porque son esenciales para configurar un Estado social y democrático de Derecho.

Poco a poco vamos viendo, sin embargo, que los derechos, por muy fundamentales que sean, son enormemente frágiles; que las cada vez más extendidas tesis del neoliberalismo (o neoconservadurismo –los llamados neocon-) los van poniendo en duda, precisamente en su afán de reducir la intervención del Estado. Por eso ya no es raro oír a dirigentes del Partido Popular y de la CEOE cuestionando el papel de los sindicatos, proponiendo revisar el derecho de huelga, lamentándose de tener que fijar servicios mínimos, o claramente afirmando que todos tenemos que perder derechos.

Contrasta esta postura, desde luego, con las propuestas desde la izquierda (y de una parte de liberalismo) de extender derechos y, sobre todo, de extender las condiciones en que puedan ser ejercidos, desde la Ley de Dependencia a la Ley de Igualdad, pasando por todas las medidas de desigualdad positiva (el trato de favor para superar desigualdades previas).

Parece, sin embargo, que inmersos todos a la fuerza en la lógica de los recortes económicos no hay empacho en recortar derechos; parece que los derechos amparados en la constitución y el propio Estado social y democrático empiezan a ser vistos como lujos insostenibles de irresponsables derrochadores, en lugar de ser entendidos como garantes de la libertad de todos y del bien común.

* El artículo es de marzo de 2012, pero entonces quedó inédito.