viernes, 19 de octubre de 2012

LA CONSTITUCIÓN, CONTRA LA PARED

Los ministros del Interior son los jefes naturales de la policía y seguramente por eso tienden a defenderla y, peor aún, a justificarla incluso cuando algunos agentes (o más que algunos) sobrepasan los límites propios de un Estado democrático. El problema, claro, es que la policía en un Estado democrático no está para reprimir a los ciudadanos que ejercen sus derechos y libertades, sino precisamente para defenderlos y para garantizar que los pueden ejercer. Y los ministros del Interior, como cualquier ministro en un Estado democrático, no están para justificar lo injustificable, ni para extender la sospecha sobre los ciudadanos, sino para garantizar el orden público, incluido en ese orden, los derechos fundamentales de expresión, reunión, asociación y manifestación pacíficas que la Constitución ampara.

Que un ministro del Interior de un Estado democrático tenga el descaro de decir que mostrar en vídeos lo que hace la policía de un Estado democrático con quienes se manifiestan democráticamente son perversiones de la libertad de expresión (sic) es un síntoma más que preocupante de la deriva antidemocrática que toma tal ministro y el gobierno -in extenso- del que forma parte.

Que el invisible Rajoy se esconda otra vez y no destituya inmediatamente al ministro del interior, don Jorge Fernández Díaz, al director general de la Policía, don Ignacio Cosidó y a la Delegada de gobierno en Madrid, doña Cristina Cifuentes por las declaraciones escasamente democráticas que han hecho en estos días en el sentido de limitar los derechos y las libertades fundamentales que establece y garantiza nuestra Constitución; que no les cese fulminantemente, digo, le hace tan responsable como a ellos mismos.

Mientras Rajoy dice estar ocupado en los graves problemas económicos por los que atraviesa España y vemos cómo Hollande o Merkel o Barroso o Draghi (entre otros) hablan del futuro de España sin Rajoy (que al parecer es el presidente del gobierno de España), en casa su piadosísimo gobierno quiere poner los derechos fundamentales de la Constitución contra la pared, amordazada y con esposas. Pues qué bien.

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