Por fin una buena noticia: el Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado día 12 por los diputados de IU Alberto Garzón y Ricardo Sixto contra la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a la que acusan de supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y contra la Constitución, por las identificaciones indiscriminadas -y las sanciones posteriores impuestas- de ciudadanos que la policía encontró en las inmediaciones del Congreso de los Diputados el día 27 de octubre, día de la convocatoria Volvemos al Congreso por la Coordinadora del 25S.Si digo la verdad, no confío nada en que la denuncia tenga más consecuencias que las mediáticas porque bien pudiera ocurrir que el Fiscal general del Estado, el Dulce cinéfilo, o el mismísimo Ministro de Justicia y Tasas, el piadoso Gallardón, den las oportunas indicaciones y todo quede en nada, como tantas veces. Pero aún así la noticia es buena por muchas razones.
Es buena por lo que dice de los denunciantes. En en Congreso hay más diputados y más formaciones políticas y ninguno, salvo éstos, ha hecho nada de nada sobre aquél asunto. Así que, bien por los dos diputados y bien por IU que sí me están representando.
Es buena porque un juez ha entendido que puede haber delito en la actuación de la Delegada Cifuentes, que el día 28 declaraba alegremente que la policía había identificado a casi trescientas personas tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí. Y se quedó tan fresca (supongo que entre esas personas no estaba el de ignorado paradero). O sea, que es buena porque es pensable que pudiera haber más jueces dispuestos a encausar los abusos del Gobierno del PP del invisible Rajoy.
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