Educación, Sanidad, Justicia, empleados públicos de servicios y de todos los sectores... todos ellos viendo día a día no solo cómo el gobierno del PP baja sus sueldos y precariza sus condiciones laborales (y viendo cómo sus compañeros interinos o contratados se quedan en la puta calle, algunos simplemente avisados con un fax cobarde de un día para otro), sino viendo además, lo que es aún más grave, cómo se deteriora y empobrece la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos.
Diga lo que diga el gobierno del invisible Rajoy y de la cada vez menos visible vicepresidentita Sáenz de Santamaría, y digan lo que digan los medios de comunicación (y propaganda) afines a este gobierno de capitalismo soez (o sea, casi todos), lo cierto es que están desmantelando premeditadamente el Estado. No digo el Estado de Bienestar, que por supuesto quieren sustituir por el sálvese quien pueda del capitalismo neoliberal, sino el Estado mismo: la maquinaria administrativa y de servicios que los ciudadanos se dan a sí mismos para cubrir sus necesidades colectivas solidariamente.
Cuando vemos a los gobiernos del PP, de España o de cualquiera de las Comunidades Autónomas, legislando en contra de los servicios públicos por los que debieran velar, y gobernar en contra de los intereses objetivos de los ciudadanos inevitablemente debemos preguntarnos qué intereses defienden, de quiénes y por qué, si no de quiénes y por cuánto. Las mayorías absolutas no deberían usarse como mayorías absolutistas, como mayorías soberbias y arrogantes. Y si se hace así no podrán sorprenderse de que los ciudadanos nos defendamos, pacífica y democráticamente, con la responsabilidad que a ellos les falta.
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