El pasado 5 de octubre murió a los 73 años nuestro compañero
Luis Gómez Llorente, que fuera Vicedecano de este Colegio en la Junta de
Gobierno elegida el 10 de diciembre de 1973 que presidió el profesor Eloy
Terrón. Se nos ha muerto el profesor honesto que desde dentro y desde fuera de
esta casa peleó por la dignificación del profesorado y de la enseñanza pública.
Y con su muerte hemos perdido, como bien ha escrito Mario Salvatierra, al defensor
de la escuela pública, de la enseñanza comprensiva como modelo educativo, de la
libertad de cátedra frente a idearios que subordinan la profesión docente, de
la escuela participativa y democrática como auténtico ámbito de la isonomía y
de la isegoría.
El próximo mes de marzo en estas mismas páginas aparecerá un
texto inédito de Gómez Llorente en el que él mismo, de primera mano y con la
humildad y discreción que siempre le caracterizaron, explica brevemente su paso
por este Colegio de Licenciados de Madrid. No desvelaré aquí su contenido,
claro está, pero sí diré que el artículo lo tituló Participación y Educación
Ético-Cívica y que, evidentemente todo él gira en torno a ese concepto de
participación. Y desde luego no puede extrañar, porque ese concepto, el de
Participación democrática, ética y cívica es clave para entender su vida
pública -como docente, como colegiado, como sindicalista, como político y hasta
como investigador y escritor- y una parte fundamental de su ideal educativo,
como veremos.
El tránsito de la dictadura a la democracia –la Transición-
en el CDL la llevó a cabo la Junta elegida en aquel diciembre de 1973: Eleoy
Terrón, Luis Gómez Llorente, Mariano Pérez Galán, Ángela García Martín,
Valeriano Bozal, Encina Bodelón, Pilar Lucendo, Víctor García-Hoz, Dolores
Avilés, Julio Novoa, Carmen Anechina, Alfonso García Peraz y Santiago Barahona,
según informaba ABC. Lo cuenta bien Pedro Badía, refiriéndose a Gómez Llorente:
Antes de su breve paso por el Parlamento, en 1974 había sido elegido vicedecano
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid, en la candidatura
progresista encabezada por Eloy Terrón. En aquellos años del tardofranquismo, y
a falta de otras instancias aún no permitidas, el Colegio de Doctores y
Licenciados jugó un papel decisivo en las reivindicaciones colectivas del
profesorado. Apenas muerto el dictador, en 1976 el Colegio aprobó un documento
titulado Alternativa democrática para la enseñanza, en el que, entre otras
cosas, se abogaba por una concepción de la educación como servicio público a
cargo del Estado y se reivindicaba la gestión democrática de los centros. (Pedro
Badía. http://pedrobadia.wordpress.com /2012/10/11/adios-a-un-educador-y-a-un-ciudadano/).
Se refiere Badía al documento Alternativa democrática para
la enseñanza que se aprobó en enero de 1976, pero que se llevaba discutiendo en
largas e intensas asambleas en la sede del Colegio de la calle Santa bárbara. Fue
un documento enormemente importante porque esbozó lo que en su momento sería el
fundamento de las nuevas leyes de educación. De la elaboración del documento y su importancia hay
multitud de testimonios, valgan como muestra los de Alfredo Liébana, Rafael
Jerez y Alfonso García:
La junta general ordinaria celebrada en enero de 1975 contó
con la asistencia de más de 1500 profesores y supuso la aprobación de una Plataforma
Reivindicativa (que incluía equiparación salarial, petición de una mayor
escolarización, participación democrática en la planificación de la política
educativa, estabilidad en el empleo de los interinos mediante contrato laboral,
gestión democrática de los centros, formación de un sindicato democrático de
los trabajadores de la enseñanza -independiente de la patronal, y amnistía para
los represaliados políticos y sindicales) y de un documento básico sobre la Alternativa
de la Enseñanza, Bases de discusión (verdadero modelo de escuela pública
planteado en la transición). [-] En enero de 1976 se aprueba en Madrid por más
de 1800 profesores, un documento final: Alternativa democrática de la Enseñanza que
define la enseñanza como servicio público, propone un ciclo único en una
escuela unificada y la necesidad de un profesorado acorde con esta estructura
educativa. Al final del mismo se solicita como colofón las libertades
democráticas. (Alfredo Liébana. http://www.fundacionaladren.com/index.php?destino=articulo& vari=586).
[…] las primeras juntas de gobierno democrático en los
Colegios de Doctores y Licenciados de los distritos universitarios fueron
convirtiéndose en poderosos focos de agitación y combate frente a los esfuerzos
finales de la dictadura por reforzar su poder. […] formularon, además, un plan
de enseñanza verdaderamente racional y democrático, promoviendo la «Alternativa
Democrática para la Enseñanza» del Movimiento de Enseñanza a lo largo y ancho
del país. [-] El documento aprobado no se presentó en ningún momento como una
opción definitiva, sino como un «proyecto democrático, claro y racional,
abierto a la discusión y a su enriquecimiento». Aunque contenía, eso sí, «un
plan de enseñanza que satisface plenamente las exigencias de una educación
democrática» en relación con determinados puntos básicos: a) consideración de la
enseñanza como un servicio público; b) planificación y gestión democrática de
la enseñanza; c) escuela pública y enseñanza privada (ciclo único, escuela
unificada, formación profesional, educación especial, enseñanza superior,
contenido racional y científico de la enseñanza); y d) organización del
profesorado (cuerpo único de profesores, sindicato de trabajadores de la
enseñanza y gestión democrática de la enseñanza). (Rafael Jerez. http://www.revistaeducacion. mec.es/re341/re341_24.pdf).
Varios Colegios de Doctores y Licenciados del país
presenciaron el acceso a sus Juntas de Gobierno de profesores que llevaban años
trabajando en ese movimiento. El acceso, en el Colegio de Doctores y
Licenciados de Madrid, de la Junta de Gobierno presidida por Eloy Terrón, como
decano, y Luis Gómez Llorente, como vicedecano, supuso un momento clave en este
proceso. Desde entonces se comenzó a trabajar activamente en un documento que
recogiera los planteamientos democráticos del profesorado. Varios cientos de
licenciados comenzaron a asistir a las discusiones en la madrileña plaza de
Santa Bárbara para sentar las bases de una alternativa de la enseñanza que
ofrecer, frente a la alternativa vigente que se rechazaba. [-] La Junta General
del año 1975 aprobó las bases de discusión del documento: crítica a fondo del
actual panorama educativo español; concepción de la enseñanza como servicio
público a cargo del Estado; gestión democrática de los centros docentes por
parte del profesorado, alumnos y familias; unificación de la enseñanza en un
ciclo único; creación de un cuerpo único de profesores; laicicidad de la
enseñanza. (Alfonso García Pérez. http://elpais.com/diario/1976/08/11/sociedad/208562417_850215.html).
En aquellos años, democráticamente estaba todo por hacer y
efectivamente el CDL, aquella Junta y particularmente Gómez Llorente
contribuyeron a esa labor de construcción democrática. Él mismo lo cuenta bien:
Lo acontecido en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid en la década de
los años setenta, tuvo una gran repercusión en la política educativa del país
durante el periodo democrático que formalmente se inicia con las elecciones
generales del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.
Baste decir que, conforme luego detallaremos, algunos de los conceptos
elaborados y formulados en los salones del Colegio –como el concepto de participación-
se encuentran incorporados al artículo 27 de la Constitución, y que el diseño
general del modelo escolar propuesto en la Alternativa Democrática de la
Enseñanza, coincide en sus líneas maestras con la reforma educativa emprendida
posteriormente, plasmada en dos grandes leyes, la LODE.
Otra vez aparece la participación como concepto clave. Y dos
referencias fundamentales para mejor entender su labor de intelectual de
izquierdas que participa en la polis: la Constitución de 1978 y la LODE de
1985. En ambos casos su aportación fue significativa y en ella se funden su
condición de docente e investigador de la política educativa, y su condición de
político y ciudadano (si acaso no son la misma cosa): […] la última nota de la
ciudadanía social –escribe-, que es la ciudadanía activa o participativa […] De
este modo la participación ciudadana no solo vehiculiza intereses y/o anhelos
de las minorías más activas, sino que efectivamente contribuye al dinamismo y
progreso social. (De la ciudadanía liberal a la ciudadanía social. En Educación
y Ciudadanía. Fundación CIVES. Madrid. 2006).
[Artículo completo del que aparecerá en mes que viene en el Boletín del CDL -Colegio de Doctores y Licenciados- de Madrid]
No hay comentarios:
Publicar un comentario