Si se cumplen los pronósticos -negros pronósticos- el año próximo se aprobará una nueva Ley Orgánica para desarrollar el artículo 27 de la Constitución que regula el derecho a la educación. Desde 1990, la próxima será la cuarta ley distinta: la LOGSE (Ley Orgánica de Organización General del Sistema Educativo), que fue sustituida por la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) de 2002, que a su vez fue sustituida por la LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006, que será sustituida por la anunciada LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) de ¿2013? O sea, en 23 años 4 leyes distintas para organizar el sistema educativo español. Por si fuera poco disparate que no hayamos sido capaces de mantener un mínimo de estabilidad en el sistema (requisito siempre fundamental para hacer un trabajo cabalmente eficaz), cabe decir que las fechas de estas leyes son cercanas a cambios de partido en el Gobierno: la LOGSE del PSOE de Felipe Gonázlez, la LOCE del PP de José María Aznar, la LOE del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y, ahora, La LOMCE del PP del invisible Mariano Rajoy.
Como telón de fondo, siempre, las dos concepciones sobre la educación enfrentadas: la escuela como servicio público universal para la instrucción académica y la cohesión social de todos los alumnos sin exclusiones, por una parte; por otra, la escuela como iniciativa y actividad privadas de la sociedad civil que instruye académica y moralmente en grupos homogéneos (de clase socio-económica, de sexo, de creencias, etc.). La primera, la que entiende el rendimiento escolar en términos de integración e inclusión de ciudadanos; la segunda, la que lo entiende en términos de calificaciones competitivas de futuros trabajadores.
Y entre tanto, profesores y alumnos (y padres realmente interesados, que no son muchos) pasmados, viendo cómo deciden por ellos sin contar con ellos (por nosotros, debería decir), como si un sistema pudiese funcionar correctamente sin la implicación de quien lo realiza (sean profesores, médicos o lo que sean).
El tertuliano que tiene una cartera que pone Ministro de Educación, diácono del liberalismo fundamentalista y apóstol del rancio nacionalismo españolista, sabe que la mayoría soberbia que tiene el PP en el Parlamento garantiza que salga adelante su ley, que pone patas arriba todo el sistema, introduce novedades ideológicas alarmantes, y recupera disparates ideológicos y criterios segregadores y disgregadores que ya creíamos olvidados. Seguramente él está convencido de la bondad de su ley, pero en el fondo da igual: buena o mala, funcione o no, saldrá adelante con los votos de esa soberbia mayoritaria que ni necesita ni quiere hablar con nadie. Y da igual, además, porque alguien en la oposición ya estará pensando que en cuanto gobiernen ellos la ley del tertuliano pasará a la abultada historia de las leyes educativas derogadas.
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