A todos los efectos, los empleados públicos somos trabajadores al servicio del Estado -en cualquiera de sus tres administraciones- y nuestros patronos quienes administran esas administraciones.
Como las competencias en educación las tienen las Comunidades Autónomas, quienes trabajamos en la escuela pública madrileña bien podemos decir que nuestros jefes son quienes administran la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, encabezados por la Consejera, Doña Lucía Figar, y, más allá, por el gobierno mismo con su Presidenta a la cabeza, Doña Esperanza Aguirre.
Las empresas privadas tiene dueños, claro está, ya sean sus
accionistas o una única persona, y, con las limitaciones legales pertinentes,
pueden hacer con su propiedad lo que les parezca bien. Las empresas o los servicios públicos parece que no tienen
dueño, pero sí lo tienen: su dueño es el Estado y, por ello mismo, todos los
ciudadanos. Eso quiere decir que quienes las administran no son sus dueños,
sino simplemente eso, sus administradores.
La Consejería de la Comunidad de Madrid, que administra la
educación, ha decidido otra vez ajustar plantillas y quitarse de encima a unos
tres mil profesores aumentando las horas lectivas del resto. El resultado de
esta operación evidentemente será que unos se quedarán sin trabajo y otros
trabajaremos más, pero hay algo más, porque con los recortes los alumnos
perderán tutorías, desdobles, grupos flexibles, prácticas en los laboratorios,
educación compensatoria, etc. O sea, que objetivamente se empeora el servicio.
Puede resultar contradictorio ver cómo quienes deben velar
por la calidad y mejora de la empresa que administran toman medidas que lo
empeoran, pero quizá sea menos paradójico si pensamos que para la Consejaría de
Educación de la Comunidad de Madrid el servicio que administra no le resulta
nada rentable ni económica, ni social, ni política ni ideológicamente. Al
revés, a la Sra. Aguirre parece que le sobra, porque, como liberal, seguramente
le parece una intromisión del Estado en la libertad de los individuos y poco a
poco va privatizándola (por ejemplo a través del llamado plan refuerza, que introduce a empresas privadas en los centros
fuera de su horario lectivo, en lugar de utilizar a los profesores que ya están
en las listas de interinos); y, como conservadora, probablemente le parece una
usurpación de lo que naturalmente debería estar bajo la tutela religiosa (por
ejemplo, financiando la escuela diferenciada,
o sea, segregada, que separa a niños y niñas).
Así que no es de extrañar que, aunque la empresa que dirige
no sea suya, entienda que los ciudadanos la han elegido como administradora
precisamente para hacer eso: ir eliminando la escuela pública al mismo tiempo
que sobreprotege a la escuela concertada y privada. ¿Se imaginan al Consejo de Administración de una empresa
tomando medidas que objetivamente la perjudican?
Lógicamente, directores de Institutos y de Colegios
públicos, profesores, asociaciones, sindicatos, etc. ya están proponiendo en
asambleas, reuniones y páginas WEB respuesta a estas medidas y en defensa de la
escuela pública desde el inicio de curso el próximo septiembre. La enseñanza pública madrileña tiene muchos problemas,
seguro, pero el mayor de todos es el desprecio por ella de quienes la
administran.
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