El Parlament de Catalunya acaba de aprobar la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, presentada (y apoyada con sus votos) por CiU, ERC e ICV-EUiA, que evidente y explícitamente incluye su derecho a decidir. Y parece que, democráticamente, es difícil no reconocérselo. Pero la cosa no es tan sencilla porque nos lleva a una paradoja.
Para poder otorgarse el derecho a decidir, previamente tienen que otorgarse la soberanía, esto es, el reconocimiento de su autoridad como máxima autoridad que no reconoce otra superior sino la del pueblo. O sea, autodeclararse sujeto político.Y ahí está el problema, claro.
Los ciudadanos catalanes ya tienen derecho a decidir, reconocido en la Constitución, pero lo tienen en cuanto ciudadanos españoles. Y la Constitución no reconoce ni otra ciudadanía distinta a la española, ni otro sujeto político que el pueblo español -que incluye a los catalanes-: autodeclararse sujeto político es ponerse abiertamente fuera de la misma Constitución que sustenta y legitima al Parlament y privar del derecho a decidir al resto de los españoles que, quieran o no, están involucrados.
La paradoja, claro, es que o desde el Estado español se niega democráticamente el derecho a decidir al poble de Catalunya, o desde la Soberania catalana se niega democráticamente el derecho a decidir al resto de los españoles.
No sé cuántas veces lo he escrito ya: ojo a los nacionalismos, al españolista, al catalanista o al que sea que anteponen la exaltación de las tripas de la nación a la racionalidad del Estado; que no entienden más Estado que el que emana de un sentimiento nacional que se impone a todos y excluye a los distintos. Y esto vale para unos y otros.
Los ciudadanos catalanes ya tienen derecho a decidir, reconocido en la Constitución, pero lo tienen en cuanto ciudadanos españoles. Y la Constitución no reconoce ni otra ciudadanía distinta a la española, ni otro sujeto político que el pueblo español -que incluye a los catalanes-: autodeclararse sujeto político es ponerse abiertamente fuera de la misma Constitución que sustenta y legitima al Parlament y privar del derecho a decidir al resto de los españoles que, quieran o no, están involucrados.
La paradoja, claro, es que o desde el Estado español se niega democráticamente el derecho a decidir al poble de Catalunya, o desde la Soberania catalana se niega democráticamente el derecho a decidir al resto de los españoles.
No sé cuántas veces lo he escrito ya: ojo a los nacionalismos, al españolista, al catalanista o al que sea que anteponen la exaltación de las tripas de la nación a la racionalidad del Estado; que no entienden más Estado que el que emana de un sentimiento nacional que se impone a todos y excluye a los distintos. Y esto vale para unos y otros.
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