Dolores de Cospedal, que no es una dolencia rara sino la Presidenta (virtual) de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP acaba de dejar a 21 pequeños municipios de su Comunidad sin servicio nocturno de urgencias médicas. Ella lo niega, claro (como hacen siempre -porque les funciona-), y dice que no, que afecta a una población muy pequeña y que tienen urgencias a 15 minutos, aunque seguro que sabe que no es exactamente así (o debería saberlo como Presidenta también de esos pueblos). El argumento para cerrarlos es el de siempre: hay que ahorrar y esos servicios no son rentables porque los utiliza muy poca gente (ahorrar en cabeza ajena, se entiende), aunque sospechemos que, como siempre, el verdadero fin de estos fundamentalistas neoliberales sea desmantelar los servicios públicos.
Cualquier persona sensata entiende que esos servicios pueden salvar vidas y suprimirlos pone en peligro vidas. Y como estoy seguro de que ni la Sra. Cospedal ni quien haya propuesto tal disparate son idiotas, estoy igualmente seguro de que saben perfectamente que alguien puede morir como consecuencia de su decisión, de que han hecho cálculos del coste muerte/ahorro y de que han decidido que merece la pena ese coste porque son enfermos muy caros.
Que moralmente tiene consecuencias para quienes han decidido poner vidas en peligro es evidente incluso para ellos, por mucho que quieran auto-justificarse cuando se miren al espejo. Pero me pregunto si no tendría también consecuencias legales, incluso penales: ¿serían imputables penalmente quienes ahora ordenan esta supresión de las urgencias nocturnas si pudiera ser la causa de la muerte de un vecino de alguno de esos pueblos?
Los vecinos de esos pueblos, que dividan el coste de esos servicios de urgencias entre el número de habitantes y sabrán cuánto vale la vida de cada uno de ellos según su Presidenta (un poco más de 8€).
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