Desde lo de la cacería en Botswana las cosas para el Rey van de mal en peor: problemas de salud que le han hecho pasar por el quirófano varias veces seguidas, problemas familiares al hacerse pública su estrecha relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y problemas institucionales por la implicación en la trama Nóos de su yerno y, quién sabe si también de su hija y de él mismo, además de la herencia millonaria a la muerte de su padre de dinero que tenía en cuentas en Suiza. Así las cosas, cada vez es más frecuente que se cuestione el papel de la Monarquía y del Rey mismo, y permanentemente hay voces, incluso de monárquicos acérrimos, pidiendo que abdique en su heredero.
La cosa, sin embargo, no es tan fácil por dos razones constitucionales. La primera es que, según el artículo 57.5 de la Constitución Española, Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica. Y tal ley orgánica jamás se hizo. No existe. No hay nada previsto legalmente para la abdicación. En treinta y cinco años no ha habido tiempo suficiente para hacer esa ley.
La segunda es el artículo 56.3 que textualmente dice que La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La persona del Rey, sea quien sea el Rey. No Fulanito de Tal, sino el Rey. O lo que es lo mismo, esa inviolabilidad y esa no responsabilidad no la tiene el ciudadano Juan Carlos de Borbón, sino como Rey de España. Si deja de ser Rey, dejaría de tener esos privilegios. Y precisamente eso debería haber sido objeto, entre otros, de esa ley orgánica inexistente.
Si abdicase el Rey estaría expuesto como cualquier ciudadano a la investigación judicial si acaso hubiere alguna vez sospecha de delito en su conducta. Si de repente vemos que en el Congreso se aceleran trabajos para elaborar esa ley orgánica -o para la modificación de algún artículo referido a la Corona- será una señal inequívoca de que hay baile en la Zarzuela.
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