El Consejo de Estado es un órgano consultivo y sus dictámenes no son vinculantes, pero sin duda tienen un peso moral significativo y no fácil de ningunear. Actualmente lo preside Romay Beccaría, que fuera ministro de Sanidad en el primer gobierno de Aznar, y son miembros natos los ex presidentes del Gobierno; el Fiscal General del Estado, Torres Dulce; los presidentes de algunas Reales Academias, como por ejemplo Marcelino Oreja (que lo es de la de Ciencias Morales y Políticas) y de otras tantas altas instituciones (el Banco de España, el Consejo Económico y Social, o el Jefe de Estado Mayor de Defensa, etc.). Miembros permanentes son por ejemplo Landelino Lavilla o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y miembros electivos son, entre otros, Isabel Tocino, Ana Palacio o José María Michavilla.
En el dictamen sobre la LOMCE del tertuliano que tiene cartera de ministro de Educación, José Ignacio Wert, el Consejo de Estado ha encontrado un buen montón de razones para pedirle al Gobierno que la rectifique significativamente: que mantenga como obligatoria la Educación para la Ciudadanía en algún momento; que se replantee el tratamiento que hace de las lenguas propias de las Comunidades y de la lengua española; que justifique las supuestas bondades de la educación segregada (niños y niñas en clases distintas) y se vigile la igualdad de sexos en los centros sostenidos con fondos públicos que practican la separación por sexos; que se replantee la organización de las materias; que no se discrimine a los alumnos que cursen religión impidiéndoles que se formen en valores cívicos (al ser la Educación en Valores que prevé la LOMCE la alternativa a la Religión -como ocurría en los años 80-); etc.
El partido del tertuliano/Ministro, el PP, ya ha dicho que el Consejo de Estado respalda la LOMCE porque no cuestiona que se adelante la elección de vías que conducen a la formación laboral o profesional (como si fueran necesariamente menos académicas) y, sobre todo, porque no cuestiona el sistema de reválidas (evaluaciones externas y comunes para todos los estudiantes de todo el Estado, que pretende ser una de las herramientas para contrarrestar a los nacionalismos periféricos e imponer el nacionalismo españolista). No dice, en cambio, que sobre este asunto el CE ha advertido que los evaluadores deben ser funcionarios públicos y de ninguna manera profesores contratados (eso tan querido por los neoliberales, la externalización de los servicios).
Y me he dejado para el final lo que me parece más importante: el CE reclama una ley que sea fruto de un acuerdo general, lo más amplio posible, que dé estabilidad al sistema. Y reclama una ley en la que haya participado realmente la comunidad educativa. Falta ahora saber qué hará el tertuliano/ministro o qué hará con él el invisible Rajoy (otra excelente oportunidad para agradecerle los servicios prestados). Y falta por ver qué hará la mayoría soberbia del parlamento cuando se tramite esta Ley disparatada.
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